Gasta Alito en cursos 171.6 mdp
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas, ha firmado al menos 62 contratos para cursos online por un monto de 171.6 millones de pesos.
Postura. La expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, llamó a fiscalizar el gasto ante posibles anomalías.
Al respecto, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI, indicó que se tendría que revisar si el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizó dichas contrataciones y revisó que no hubiera anomalías.
La diputada federal, quien es una de las promoventes de impugnaciones para evitar la reelección del líder del PRI, indicó que también se tendría que revisar la actuación de la Contraloría del partido para señalar si se verificó que no hubiera irregularidades en la asignación de contratos para cursos online.
“Creo que en primer término, el INE es el responsable de la fiscalización. Además, en la estructura interna del PRI existe un contralor y una comisión del Consejo Político responsable de las finanzas internas. Creo que sería muy interesante preguntarles a los responsables del PRI como andan sus informes al respecto”.
De acuerdo con una revisión de 24 HORAS, en el periodo de septiembre de 2019 a lo que va de 2024, ese instituto político ha pagado entre 1.2 hasta 10.8 millones de pesos por los cursos unitarios.
Entre los temas están Gestión de Crisis, Oratoria, Ciberdemocracia, Emociones y Política, del Templete a las Plataformas Digitales, Tipología de Género en Campañas, Imagen Política, Estrategia de Persuasión y Militancia digital, entre otros.
Los contratos fueron entregados a nueve empresas y organizaciones civiles, denominadas Instituto de Comunicación Política AC, Abstracto Comunicaciones, Aqua Interactive, Integra Estrategias Globales SC, Servicios Administrativos Fugith, Comunicación Social y Corporativa, Océano Creativo Azul, Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política S. C. y Accounting Services Hervel.
Con Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, que es una organización civil, se entregaron en 2023 dos contratos por 10.8 millones cada uno para cursos online sobre empoderamiento de mujeres y violencia política, como parte del presupuesto anual que el Instituto Nacional Electoral (INE) entrega para impulsar el liderazgo político de las mujeres.
En un audio, obtenido por la Jornada y publicado el 25 de julio pasado se escucha presuntamente al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, pactar con Marco Antonio Gómez Alcantar, representante del Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, la entrega de moches y regresar al PRI, en solo cuatro días, 16 millones de pesos de contratos por cursos online.
El pasado 26 de abril, la diputada federal, Monserrat Arcos, señaló que en su función como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Ompri), el líder del PRI y quien actualmente busca reelegirse en el cargo, le solicitó participar en un esquema de corrupción para desviar recursos mediante la simulación de cursos en línea, pero al no aceptar fue destituida de ese cargo partidista.
La legisladora aseveró, durante un posicionamiento en la Cámara de Diputados, que “básicamente a mí sólo me dijeron que tenían una necesidad económica y que él (Alejandro Moreno) requería el recurso. Él personalmente me lo solicitó”, por lo que rechazó su petición y emitió una denuncia ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, cuyo estatus se desconoce.
Con el mismo esquema de cursos online, el cual presuntamente es utilizado por el líder priista para desviar recursos, el partido ha firmado más de 60 contratos por un total de 171.6 millones de pesos.
La revisión de este diario da cuenta de que un proveedor ha ofrecido el servicio de cursos presenciales por el mismo precio que los virtuales; por ejemplo, la asociación civil Instituto de la Comunicación Política cobró 1.2 millones de pesos por cada uno de los cursos presenciales sobre Entrenamiento para Debate y Estrategia Política.
Sin embargo, esa misma organización acumula 43 contratos con el PRI para cursos en línea, cuyo costo por cada uno ha sido de 1.2 millones de pesos, sin que se explique por qué no hay diferencias de costos entre todo el cúmulo de contrataciones a lo largo de más de tres años ni por qué tiene el mismo precio una capacitación presencial que la virtual.
En la mayoría de contratos solo se especifica el tema de los cursos online, sin ofrecer más detalles sobre qué plataforma se utilizó, quiénes fueron los ponentes, cuántos podrían tomar las capacitaciones y qué materiales se entregaron, entre otros.
Al menos 41 contratos fueron entregados al Instituto de Comunicación Política AC y fueron firmados entre 2020 y 2021 cuando ocurrió la pandemia de Covid-19 y la mayoría de actividades públicas fueron cerradas para evitar contagios.
En contraste, resalta que en 2020 el PRI firmó un contrato con la organización civil Integra Estrategias Globales por 25.6 millones de pesos para cursos y talleres presenciales para el liderazgo político de las mujeres.
El documento contiene las fechas de la organización de al menos 35 talleres presenciales durante 2020, las cuales coinciden cuando las autoridades sanitarias declararon la emergencia por Covid-19 y la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuyas actividades públicas ese año estuvieron cerradas, por lo que se desconoce qué hizo el PRI para dar los talleres.
Resalta que al siguiente año, la misma asociación civil obtuvo otro contrato por 25.4 millones de pesos en 2021, pero en esta ocasión el concepto fue cursos, semanarios, diplomados y talleres online, en temas como de negociación política, debate, oratoria, la imagen de la mujer política exitosa y neurociencia, entre otros.
Ambos contratos, que suman más de 50 millones de pesos, los firmó Román Manuel Cen Romero, como representante, quien fue señalado en octubre de 2022 por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por ser el apoderado legal de varias empresas creadas para presuntamente desviar recursos del PRI, entre las que destacan Integra Estrategias Globales.
Conceden a ‘Alito’ amparo contra solicitud de desafuero
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados fue notificada de que un juez federal le concedió un amparo al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en contra de la solicitud de desafuero que interpuso la Fiscalía General de Campeche en agosto de 2022 por supuesto enriquecimiento ilícito, informó el diputado Leonel Godoy (Morena).
Al ser consultado sobre si el caso de Alito podría ser retomado por la próxima Legislatura, que inicia en septiembre, el ex gobernador de Michoacán señaló: “Voy a revisar, pero me acaban de informar que (Moreno) ganó un amparo. Parece que ese es el resultado de la cena de diciembre”, dijo irónico, en alusión al supuesto encuentro que el diputado priísta tuvo en ese mes con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
En entrevista al término de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional, Godoy confirmó que el amparo es contra la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche, aunque dijo que todavía no conoce el fondo de la resolución de este expediente. “Vamos a ver, a conocer en qué términos viene”, dijo.
Adelantó que, una vez se entere del contenido del amparo, dará más información al respecto este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente.
Godoy indicó que las solicitudes de desafuero que se interpusieron durante la actual Legislatura “siguen vivos y van a ser retomadas” por la siguiente, que inicia en septiembre.
Durante la sesión de la Jurisdiccional, tanto Godoy como Jaime Humberto Pérez Bernabe, presidente de la Sección Instructora, y Olimpia Girón, ambos de Morena, recalcaron la necesidad de que en la próxima Legislatura se pueda aprobar una minuta enviada por el Senado y que ya se encuentra en San Lázaro para crear una nueva ley federal de juicios políticos y declaración de Procedencia, que abrogaría la vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Lo anterior, subrayaron, debido a que esta última norma “mantiene un rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que un funcionario corrupto encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción. Es una ley anacrónica, plagada de vericuetos legales e incompatible con los ideales del combate a la corrupción y la impunidad”.
Versiones encontradas sobre Alito
La notificación de que Alejandro Moreno habría obtenido un amparo en contra de la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche contrasta con lo que señaló este mismo martes a mediodía Pérez Bernabe, quien admitió que la Sección Instructora no pudo desahogar la mencionada petición porque nunca llegó a sus manos el expediente para ello.
Entrevistado hoy más temprano, al término de la sesión de la Instructora, Pérez Bernabe insistió en que “el único asunto que tuvimos fue por parte de la Fiscalía de Morelos”, en alusión al caso del fiscal de ese estado, Uriel Carmona Gándara, quien fue desaforado por el Pleno de la Cámara el 14 de diciembre de 2023.
Cuando se le preguntó de manera insistente si el expediente de Alito le había llegado a la Instructora, el legislador sólo respondió que en esa instancia “sólo pudimos determinar lo que tuvimos en nuestras manos”.
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24 Horas Ángel Cabrera
